Hechos son amores y no buenas razones. Refrán popular por todos conocido y que aplicamos en el devenir diario de nuestras vidas. De nada nos sirven las palabras bonitas y las frases elocuentes si éstas no van acompañadas de actos, de obras, de pruebas en definitiva que acrediten la veracidad de aquéllas. Esta premisa que aplicamos en nuestras relaciones laborales y familiares, parece que la hemos olvidado cuando se trata de exigir a nuestros políticos el cumplimiento eficaz y transparente de lo que simple y llanamente son sus obligaciones.

Los dirigentes de las fuerzas políticas recurren a menudo en sus comparecencias y discursos al empleo de palabras como Estado de Derecho, libertad, seguridad etc. Habría que preguntarse si realmente somos del todo conscientes del contenido de las mismas, y llegaríamos a la conclusión de que en su uso cotidiano estas palabras han sufrido una cierta devaluación.

Muchos españoles estamos cansados del panorama político actual y vemos el deterioro de nuestro país fruto de una política desarrollada por gobiernos que no dan soluciones a los problemas de los ciudadanos ni garantías suficientes a los derechos constitucionalmente reconocidos.

Nuestra Carta Magna surgió porque los partidos políticos con representación parlamentaria en el año 1.978 olvidaron sus intereses partidistas y se centraron en los de los españoles. Gracias a este consenso la Constitución Española - ESPAÑOLA, que no valenciana, vasca, gallega, andaluza o catalana – en su artículo 1º reconoce que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

El Estado de Derecho supone el reconocimiento por parte de los poderes públicos de una serie de derechos y libertades al ciudadano, y lo más importante, el establecimiento de unos mecanismos que garanticen que esos derechos son REALES Y EFICACES.

El Derecho a la seguridad, el Derecho a la educación, Principios Rectores de la Política Social y Económica constitucionalmente reconocidos como lo son la protección a la familia, a los niños, las políticas de pleno empleo, las prestaciones sociales, el derecho a una vivienda digna y adecuada, la protección a la tercera edad, a los disminuidos físicos etc. quedan limitados a meros enunciados -derechos vacíos – si los poderes públicos no establecen los mecanismos adecuados y suficientemente efectivos para garantizarlos y desarrollarlos.

La Constitución Española se fundamenta en la INDISOLUBLE unidad de la Nación Española, patria COMÚN E INDIVISIBLE de todos los españoles (art.2º), y si bien reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, dicho reconocimiento es siempre dentro del principio enunciado de indisolubilidad. La descentralización política y administrativa está enfocada constitucionalmente desde la perspectiva de un incremento de la eficacia de las Administraciones en la prestación de los servicios a los ciudadanos y nunca para erosionar la igualdad reconocida entre todos los españoles sea cual sea su lugar de nacimiento o residencia.

Unidad y Autonomía no son términos contrapuestos, sino complementarios. La Constitución es clara al respecto al propugnar la solidaridad e igualdad entre todas las zonas del territorio español. Autonomía no es igual a poder ilimitado.

Deberíamos preguntarnos si el modelo territorial de Estado que tenemos es el que mejor puede satisfacer las necesidades de los españoles. ¿Tienen las Comunidades Autónomas la capacidad suficiente para desarrollar una serie de competencias ab initio estatales? Y si la tienen, ¿pueden hacerlo de la forma más satisfactoria para los ciudadanos?. ¿Son esos intereses de la ciudadanía los que se tienen en cuenta a la hora de efectuar los traspasos de competencias? ¿Soluciona el Fondo de Compensación Interterritorial los problemas de desequilibrio económico entre las distintas CCAA y hace efectivo realmente el principio de solidaridad?

Más sangrante aún si cabe es el tema de la lengua. Según el art. 3 de Nuestra Constitución el castellano es la lengua española oficial del Estado, y todos los españoles tenemos el DEBER DE CONOCERLA Y EL DERECHO A USARLA. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que debe ser objeto de respeto y protección, de esto no cabe la menor duda, pero, ¿realmente existe plena libertad en algunas comunidades autónomas para utilizar indistintamente una u otra lengua? ¿No es más cierto que muchos gobiernos autonómicos están fomentando la discriminación lingüística? ¿Apuestan por un verdadero bilingüismo? Pensemos en los colegios, en las administraciones del País Vasco, de Cataluña…todos sabemos la respuesta.

D. Manuel Azaña dijo que “la libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres”. La libertad es la facultad que tenemos los seres humanos que nos permite decidir si queremos hacer o no algo. Es la capacidad de autodeterminación. En muchas zonas de España lamentablemente los españoles no tienen plena libertad para expresar sus opiniones, ni para utilizar la lengua que desean y tampoco tienen la seguridad que sería recomendable. Es necesario ya, dar un contenido real y efectivo a esos derechos “vacíos” que están reconocidos y perfectamente enunciados en nuestra Constitución Española.

Eva Climent Martí

FUENTE: Ciudadanos-Partido de la Ciudadania de Valencia y Murcia